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¡IMPUNIDAD CERO! Tarek William Saab: Imputamos a nueve militares por muerte de Juan Pablo Pernalette

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En entrevista con Últimas Noticias, el Fiscal, Tarek William Saab, informó que nueve militares fueron imputados por muerte de Juan Pablo Pernalette.

El diario Últimas Noticias, realizó una entrevista al Fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde el funcionario informó que nueve militares fueron imputados por muerte de Juan Pablo Pernalette, a continuación presentamos la entrevista integra realizada al máximo representante del Ministerio Público.

Del Tarek William Saab diputado, gobernador de Anzoátegui, Defensor del Pueblo a Fiscal General de la República, hay leguas de camino acumuladas en experiencia que todavía él no alcanza a detallar. Pero eso sí, no duda que por encima de esos cargos, vive en la poesía. Así lo dice conjugándolo en tercera persona. “Quedaremos como poeta”. Aunque de poesía hablamos al final de la entrevista que nos concedió en la sede central del Ministerio Público, donde lo encontramos en medio de una jornada con su equipo preparando proyectos de leyes que en las próximas horas presentará ante la Asamblea Nacional (AN).

La entrevista se produce el 4 de febrero, un día después que la diputada Iris Varela lo emplazó tanto a él como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, para que explicaran el por qué Juan Guaidó aún sigue libre en las calles siendo que, en criterio de ella, el ex parlamentaria está cometiendo un delito continuado, cual es presentarse como integrante del Poder Legislativo. Era obligatorio preguntarle sobre ese punto así como el relacionado a la muerte de Juan Pablo Pernalette, aquél fallecido en las guarimbas de 2017 cuando se enfrentó en abril de ese año, junto a otros, a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apostados en las inmediaciones de la plaza Francia, situada en el corazón de Altamira. Entre otros temas.

-Fiscal. ¿El Ministerio Público ha activado otro mecanismo, además de la extradición, para conseguir que Colombia entregue a los presuntos responsables de la Operación Gedeón, detenidos en ese país? Me refiero a los hermanos Juvenal, Juven Sequea Torres, Rayder Russo, Brian Astudillo y Yacsy Álvarez.  

-Colombia fue partícipe directa de una conspiración de la magnitud gravísima de la Operación Gedeón. Es lo primero que hay que decir. Fue un Estado parte de esa conspiración junto con los Estados Unidos. ¿Por qué?, bueno en primer lugar porque están las declaraciones del propio Clíver Alcalá Cordones, donde él revela y dice que efectivamente estuvo instalado en Colombia y que en las cercanías donde él se movía estaban los campamentos de entrenamiento y eso era del conocimiento de las autoridades colombianas. En segundo lugar, está la revelación del propio Jordán Goudreau quien viajó a Colombia. Entonces, la repregunta que yo te haría es la siguiente: si ellos son parte del plan terrorista, ¿tú crees que ellos van a entregar a los terroristas que están en suelo colombiano?. Mi opinión es que, jurídica y legalmente, independientemente de su responsabilidad, deben hacerlo, pero no lo han hecho. No lo han hecho porque van a entregar a sus propios cómplices.

-Yo creo que la respuesta la está dando también, amén de lo que nosotros le solicitamos al TSJ, la propia realidad de ver, por ejemplo, militantes de esa organización que se convirtió en una especie de banda trasnacional, porque muchos de sus miembros no solo se han dedicado a subvertir el orden en Venezuela, sino a cometer delitos vinculados a la corrupción, al robo de activos, estilo Monómeros, Citgo y todas aquellas cuentas que, inclusive, páginas vinculadas a la más rancia oposición, ha develado.  Tú has visto como por ejemplo, The Washington Post ha denunciado que militantes de Voluntad Popular han estado en actos de corrupción, entre ellos Leopoldo López, Guaidó, etc., como también lo denunció Humberto Calderón Berti en su momento. Entonces, de hecho y derecho, es una organización que se colocó al margen de la ley, que no cree en el debate electoral, en la apertura del camino al diálogo, al entendimiento. Sus principales dirigentes están desprestigiados.

-Hay una demanda contra el estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntas violaciones de Derechos Humanos. ¿Cuál es el estatus de esa demanda? 

-Fíjate que hoy (4F) ha sido recibida por la propia fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, el alcance al primer informe entregado por mi persona el 30 de noviembre pasado. Yo pudiera decir que este es un segundo informe; el primero tenía aproximadamente unas 1.300 páginas con sus anexos. Este tiene aproximadamente unas 500 páginas. ¿Qué hay allí?, bueno la sistematización de la información donde se revela la judicialización de los casos de personas, que, siendo agentes del Estado han violentado Derechos Humanos a partir del año 2017, eso dentro de lo que se llama el Examen Preliminar, donde Venezuela tiene la oportunidad a través del Ministerio Público, de responder como nos lo pidieron el 2 de octubre del año pasado, a mediante un cuestionario que no habla de casos en concreto, pero sí de temas. Por ejemplo ellos hablan de detenciones arbitrarias y casos de tortura, entre otros. Y nosotros hemos respondido como te dije, ese largo cuestionario y el complemento de los mismos con dos informes.

¿Qué más contienen esos informes? 

-Hablan de que en Venezuela no hace falta que actúe un sistema internacional de justicia como la CPI. No hace falta. ¿Por qué? Porque los casos de violaciones a los Derechos Humanos los está tratando el Estado venezolano: el Ministerio Público, los tribunales penales ordinarios. ¿Cuándo actúa la CPI?, bueno cuando en un lugar donde ha habido denuncias sobre violaciones a Derechos Humanos o crímenes vinculados al Estatuto de Roma, no hagan nada. Allí hay impunidad absoluta. No es el caso venezolano. Los anexos del informe tienen que ver con derecho comparado, listas de…para decírtelo muy resumidamente, no puedo dar muchos detalles, listas por ejemplo y casos concretos que hemos llevado con imputaciones, acusaciones y opiniones también de juristas a nivel internacional sobre el caso Venezuela de cómo se utilizó el Grupo de Lima, que es un grupo político de países enemigos del estado venezolano, auspiciado por EEUU para usar una instancia tan delicada como la CPI y tratar de implosionar la democracia venezolana. Por ejemplo, el Examen Preliminar de Colombia lleva ya 13 años y no lo han concluido.

-Sobre la muerte de Juan Pablo Pernalette, ocurrida en las guarimbas de 2017. ¿Quiénes son los responsables? 

-Allí hay una respuesta. De hecho en el informe entregado el día de hoy está ese caso ya judicializado con imputaciones. El Ministerio Público ha imputado a funcionarios de la GNB por el presunto delito de homicidio preterintencional.

¿Cuántos funcionarios son los imputados? 

-Se logró identificar a nueve que ya fueron imputados y otros que ya no están dentro de la GNB, pidieron retiro o salieron por razones X, se les está también judicializando.

El año 2017 en Venezuela prácticamente hubo una guerra. Hubo el embrión de una guerra civil: ataques a puestos policiales, edificios públicos, quema de personas vivas, saqueos, toma de ciudades, toma de municipios, toma de calles, avenidas, uso de jóvenes armados para atacar fuerzas policiales y militares. Y en medio de ese fragor, lamentablemente se dieron casos de violaciones a Derechos Humanos. No podemos obviar ese contento, un intento de subversión por tomar el poder por la vía violenta. Nosotros sí hemos hecho una investigación sobre el caso Pernalette, con la cooperación por cierto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Usted ha informado sobre robos de recursos a Pdvsa. Hay gerentes detenidos procesados por corrupción. ¿Ha logrado el Ministerio Público recuperar algo de lo robado?  

-La parte más difícil es la recuperación de activos. Aquí sí se han hecho cosas, como por ejemplo incautaciones de activos, incautaciones de bienes muebles, congelación de cuentas. En lo interno. Eso es algo importante. De hecho nosotros tenemos ahora la Dirección General contra la Corrupción que tiene una coordinación de bienes asegurados. Un ejemplo reciente: nosotros logramos judicializar unas empresas que de manera fraudulenta desviaron divisas otorgadas por el Estado para la supuesta compra de equipos médicos. Aparte de detener a los responsables, logramos, en una cifra cercana a los 12 millones de dólares, incautarle a ellos esos equipos y se lo donamos a los hospitales militares.

¿Y de lo robado a Pdvsa? 

-Se hace más difícil por la poca cooperación que se tiene en Europa, en Estados Unidos, de las autoridades de esas naciones en la entrega de esos activos. Y hemos luchado; no te voy a hablar de los detalles que hay en marcha, pero estamos luchando que en algunos de esos países nos entreguen esos activos. Nosotros comenzamos eso en 2017, pero siempre hay una lentitud, una omisión que me pareciera intencional porque entonces esos activos quedan en esos lugares con subterfugios de esas naciones, de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué pasa allá en EEUU?, detienen a la persona, hacen un aguaje de presunta judicialización y se quedan con los activos. Eso no es lo correcto.

Hay un familiar del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, que está detenido en Venezuela; me refiero a Diego Salazar. ¿Él sigue detenido? 

-Sí. Sigue detenido. Es falso que le hayan dado una medida para liberarlo. Eso fue un fake news.

El titular del Ministerio Público descartó responder al emplazamiento de la diputada Iris Varela respecto a la detención del ex diputado Juan Guaidó. Foto: María Isabel Batista

Hablando de detenidos, hay personas tras las rejas por el asesinato del empresario Edward Velásquez, a quien raptaron el 12 de noviembre pasado, le robaron un millón de dólares y el cadáver o piezas de él las consiguieron en el Cementerio General del Sur el 6 de diciembre de 2020.  

-Efectivamente hay detenidos algunos funcionarios policiales, también civiles que cooperaron lamentablemente con ese abominable hecho que fue perseguido, sancionado y castigado por el Ministerio Público. También hay unos funcionarios prófugos de la justicia que aspiramos en cualquier momento detener.

¿Cuál fue el móvil de ese asesinato? 

-El móvil obviamente fue un secuestro para la obtención de dinero. Un delito común, atroz, que, siempre lo he dicho: dentro de los cuerpos policiales vamos avanzando en dos líneas; una, en la judicialización de agentes policiales que violan derechos humanos y que cometen delitos comunes utilizando sus uniformes, chapas, armas, patrullas; pero al mismo tiempo allí se está dando una depuración, porque esos funcionarios quedan execrados de por vida de las fuerzas policiales. Y yo he dicho que es más aborrecible la delincuencia uniformada que la delincuencia hamponil. ¿Por qué?, porque la delincuencia organizada se asocia a la delincuencia hamponil utilizando la logística que le da el Estado venezolano para proteger al pueblo, por lo tanto merecen el repudio de la sociedad y el Estado y deben ser execrados.

Fiscal hay alcabalas de funcionarios que se prestan para el robo de bienes a choferes particulares o pasajeros, según testimonios.  

-He denunciado el uso indebido, arbitrario de las alcabalas, montadas para, en medio de la aplicación de un psicoterror, apropiarse de bienes que tienen las personas en sus vehículos, alimentos, cauchos; deben ser denunciados con nombre y apellido.

¿Cómo debe funcionar una alcabala? 

La alcabala debe funcionar con un organigrama; si es de la policía regional o municipal o de algún cuerpo militar, debidamente organizada por turnos y por guardias con nombre, apellido, orden de entrada, de salida, para cumplir un fin en lugares donde amerita que coloquen la alcabala a objeto de resguardar, por ejemplo, de que allí no se esté trasladando cosas indebidas. Pero en esas alcabalas fantasmas, que de pronto aparecen; si ya hay dos o tres oficiales y de pronto le agregas unos 10 más, allí es donde tú ves este modus operandi, muchas veces le preguntan a las personas en los vehículos ‘¿usted es funcionario?, sí. Muestre la credencial. Siga adelante’. Pero si no es funcionario lo colocan a la derecha, empiezan a pedirle factura de comida, ropa y al no tenerla, de una se la quitan. Entonces se convierten en vulgares atracadores y desvirtúan el sentido de la alcabala.

Hay tres organizaciones criminales en Caracas (Cota 905, Petare) que continuamente cometen asesinatos, extorsiones y secuestros, entre otros, encabezabas por Carlos Revette (El Coqui), Carlos Calderón (El Vampi), Garbys Ochoa (El Garbys) y Wilexis Acevedo (El Wilexis). ¿Esas personas tienen orden de aprehensión? ¿Por qué no se ha ejecutado dichas órdenes? 

-Por supuesto, lamentablemente los más visibles no han sido detenidos tal vez, pero casi todas esas bandas han sido procesadas judicialmente, desarticuladas, detenidos muchos de sus miembros, otros lamentablemente han optado por enfrentarse a mano armada en contra de las autoridades; pero, es parte también de la lucha contra los delitos comunes.  Parte de las bandas derivadas del Tren de Aragua, El Picure, están detenidos. Otros están por ser detenidos.

Pero cabecillas con El Coqui, El Wilexis, El Vampi siguen al frente de grupos que causan zozobra en la Gran Caracas con tiroteos prolongados o control de territorios, por ejemplo.  

-El Ministerio Público coopera con los órganos auxiliares de justicia, con los órganos de policía. Recuerda la competencia del Ministerio Público, no coloques ahora al Ministerio Público como si fuera un órgano policial. Nosotros somos, acuérdate, la parte que, luego de la investigación policial, en este caso contra este tipo de delitos, detenidos éstos sujetos por los órganos de policía, los presentamos ante los tribunales a objeto de ser acusados y posteriormente condenados.

La diputada Iris Varela lo exhortó a usted y al presidente del TSJ para que expliquen el por qué el ex diputado Juan Guaidó no está detenido, siendo que se encuentra incurso presuntamente en varios delitos. Varela dijo que ella misma estaba dispuesta a detener a Guaidó porque está delinquiendo de manera in fraganti, según su criterio ¿Qué responde? 

-No, yo no polemizo con ningún parlamentario. Esa es mi respuesta. Cuando el Fiscal General de la República actúa e informa a la nación, lo hace por la vía oficiosa a través de un comunicado, por escrito, a través de una rueda de prensa. Punto.

¿Cuál es el procedimiento para detener a una persona? 

-Derecho penal 1? Qué?. Debe emitirse una orden, una solicitud, en este caso del Ministerio Público a través de un fiscal designado.  La solicitud de la orden de captura se le pide a un tribunal de la causa, él la acuerda o no; normalmente casi siempre las acuerda. Queda a discreción del tribunal si acuerda o no dicha solicitud de orden de captura. Lo otro es cuando ocurre el delito, supóngase usted, estamos nosotros aquí reunidos, se produce un tiroteo, un sujeto intentando atracar a mano armada a un transeúnte, lo mata, llega la fuerza policial o, inclusive, pudiera ocurrir muchas veces, la propia comunidad detiene a la persona y lo pone a la orden del Ministerio Público, quien posteriormente presenta a dicho delincuente ante los tribunales penales ordinarios para formalizar la imputación precalificando los delitos a que haya lugar.

Esa es la detención en flagrancia 

-Exacto, te estoy poniendo un ejemplo dramático. Supóngase usted que estamos aquí y ocurre ese evento.

¿Los delitos contra las mujeres: han crecido o es que se han visibilizado más? 

-Yo creo que se han visibilizado más, porque las mujeres han tenido la grandeza, la valentía de denunciar, cosa que no ocurría en el pasado. Por ejemplo, en el año 2020, por casos de violencia contra mujeres ingresaron al Ministerio Público, 27.007 casos; se presentaron 2.297 acusaciones y 719 agresores fueron privados de libertad. Para nosotros este es un punto de honor, la lucha en pro de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas de la tercera edad, porque son sujetos vulnerables. Con respecto al delito de femicidio el año pasado ingresaron 185 causas, entre femicidios consumados y frustrados. En total se han privado de libertad 167 personas por este delito y se han logrado 26 condenatorias.

El maltrato animal, ¿de dónde nace esa lucha, usted tiene alguna mascota? 

-Eso tiene que ver con los derechos que protegen a los seres vivos. Si nosotros hablamos de los seres humanos tenemos que hablar del medio ambiente, de la fauna, aparte de los derechos de las personas. Allí entran obviamente los animales y el ecosistema. Por ejemplo, la deforestación, ¿contra qué atenta? Contra la vida humana. Un animal, esté en peligro de extinción o una mascota, es un ser vivo. Son seres vivos que acompañan a seres humanos y cumplen dentro de lo que es la vida en comunidad. Nosotros en su momento presentaremos ante la Asamblea Nacional, una ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal. Allí vamos a sancionar de una manera más severa el asesinato de animales. ¿Por qué una persona si tiene una rencilla con un vecino, tiene que matarle los animales? ¿Por qué el jaguar, que es una especie en extinción y su carne no es comestible, tú lo vas a matar, igual como el tiburón ballena?. El que lo hace es un psicópata.

El Ministerio Público ha detectado que en Venezuela existan células del Cartel de Sinaloa, organización del narcotráfico mexicano.  

-Mira lamentablemente mutan los carteles extranjeros en países. De Colombia hacia Ecuador, de México a Colombia; de Colombia a Venezuela. Es un delito trasnacional que debe ser castigado con la coordinación debida y sin la anuencia de la complicidad que yo por lo menos observo en Colombia. Porque nosotros solicitamos orden de captura y alerta roja contra Joel Palmar, el capo del Cartel del Malecón. Fue detenido (en Colombia) a través de esa alerta roja y solicitamos su extradición a Venezuela. El máximo órgano de justicia aprobó la extradición y tú sabes quién la paró a través de un decreto: el presidente Iván Duque. ¿Por qué? ¿Cuál es la complicidad? Alegaron que el señor era obeso y se hizo un bay pas gástrico. Se me ha dicho que ese sujeto anda campante por Colombia cuando debiera estar tras las rejas en Venezuela. Es una hipocresía atacar a Venezuela como se ataca, pero cuando pedimos que nos entreguen a un terrorista, o a un narcotraficante, un corrupto, ocurre que no lo hacen. En cambio Venezuela sí entrega a los delincuentes, pero exigimos reciprocidad.

En Venezuela no hace falta que actúe un sistema internacional de justicia porque estamos investigando las violaciones a Ddhh. Foto: Maria Isabel Batista

Al Detal  

El poeta  

Redacción Eligio Rojas/Últimas Noticias

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