El diario estadounidense The Washington Post, reveló la trama de corrupción de Guaidó y su grupo de criminales, al querer apoderarse de 40 mil millones de dólares en activos de Venezuela en todo el Caribe.
The Washignton Post destapa la olla al afirmar que Guaidó a través de dos empresarios en Miami, llamados Jorge Reyes y Pedro Antar dijeron que habían identificado hasta $ 40 mil millones en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las participaciones, incluidas acciones de empresas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la estatal PDVSA.
Pero durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas «impactantes».
Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de $ 750,000 a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.
“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión. . . O pagamos o no obtuvimos el contrato».
Los dos funcionarios del gobierno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Javier Troconis y Fernando Blasi, niegan haber actuado mal. Dicen que el descubrimiento tardío de un caso de fraude anterior que involucró a Reyes los llevó a rechazar el trato. (Reyes está apelando los cargos en ese caso).
Cuando las acusaciones de Reyes y Antar fueron reportadas por primera vez por el sitio web Factores de Poder de Patria Poleo con sede en Miami, el gobierno ficticio de Guaidó emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se realizara una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por la oposición.
