En un acto miserable, la alcaldesa de Bogotá, ha emprendido una campaña de xenofobia en contra de los venezolanos, radicados en esa ciudad.
En momentos en que Colombia se prepara para aterrizar un estatuto de protección elogiado por la comunidad internacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha agitado una vez más la xenofobia contra los migrantes venezolanos en una actitud que la aleja de sus credenciales progresistas y ha despertado críticas hasta de sus aliados políticos.
Sus declaraciones se han producido a cuentagotas, en distintos momentos, espaciadas en el tiempo a lo largo del último año, pero se intensificaron la semana pasada después del atroz asesinato de un policía en una de las zonas más transitadas de la capital colombiana en medio de una serie de balaceras que hacen temer un deterioro de la seguridad.
El patrullero Edwin Caro fue asesinado de un disparo en el rostro la tarde del pasado miércoles en el acomodado norte de Bogotá, cuando junto a otro uniformado detuvieron para una requisa a dos sospechosos que estaban armados con revólveres. Uno de ellos sacó su arma y abrió fuego contra el patrullero.
Ambos eran venezolanos, como ha enfatizado desde entonces la alcaldesa. “No es la primera vez, desafortunadamente (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Primero asesinan y luego roban.
Necesitamos garantías para los colombianos. Respeto profundamente las políticas del Gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”, dijo López en una de muchas declaraciones del mismo corte que han agitado el debate público. “A los venezolanos todo se les ofrece, qué garantías tenemos los colombianos”, se preguntó.
Esas palabras exacerbaron la controversia. Desde muy diversos sectores le reclaman que juega peligrosamente con la xenofobia en un país que ha mantenido contra viento y marea una elogiada política de acogida y flexibilidad migratoria sometida a una enorme presión social.
También que sus críticas se producen justo cuando el Gobierno de Iván Duque se propone regularizar a cerca de un millón de venezolanos indocumentados –de los más de 1,7 millones que ya se encuentran en Colombia– mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años.
