José Ignacio Hernández, “ex procurador” de Guaidó, cobró $USD 350 la hora por declarar en un tribunal de Florida «como experto legal” contra Venezuela y avalar la descalificación de PDVSA para actuar contra varias firmas de comercialización de petróleo y derivados.
Su trabajo consistió en “demostrar” que PDVSA no podía crear un fideicomiso para demandar civil y penalmente 42 “brokers” de energía que por más de 10 años defraudaron a la petrolera con compras y ventas de crudos y combustibles.
Se trata del caso donde figura como principal actor la compañía Helsinge, que “asesoraba” a los comercializadores para obtener ventajas en los precios acordados y así causaron pérdida de más de 10 mil millones de dólares a Venezuela.
Afirmaba (cuando fue seudoprocurador) que representaría los intereses de Venezuela pero su actuación viola las Reglas de Modelo de Conducta Profesional 1.7 y 1.9 del Colegio de Abogados de EEUU”, detalló.
Parampil denunció que Hernández actuó “alquilado” para favorecer a los enemigos de Venezuela en los tribunales de EEUU y cuestionó: “¿Cómo puede afirmar que representa los intereses de Venezuela? No puede.
Recordemos que el caso Helsinge fue un prolongado fraude comercial contra Pdvsa develado en 2017. El mecanismo consistió en manipular precios, amañar licitaciones y eliminar a la competencia al «clonar” los servidores de la estatal venezolana. De esta manera se favoreció un grupo de 42 empresas que tuvieron acceso a información confidencial en perjuicio de otras.
Esa acción causó pérdidas de entre 5 mil y 13 mil millones de dólares -desde el año 2004- según los datos de la demandas Florida (civil) y Ginebra (penal).
Vale detallar que Helsinge Inc fue fundada en 2004 en Panamá por el extrabajador de Pdvsa, Leonardo Baquero -despedido en el sabotaje petrolero- y el broker, Francisco Morillo.
Si bien el dictamen se divulgó a principios de marzo de 2019 -cuando Hernández ya era “procurador”- el informe fue presentado en agosto de 2018.
En el dictamen de la jueza del caso, Alice Otazo-Reyes, se hace referencia al argumento de Hernández que considera a PDVSA como “un simple instrumento del Estado”. Esto fue lo que permitió acciones judiciales de embargo por parte Crystallex y, eventualmente, de Owen Illinois, contra Citgo.
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