El Fiscal General de la República, Tarek William Saab junto al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, informó este lunes sobre la reunión que sostuvo con la Fiscal de la Corte Penal Internacional en la Haya, Fatou Bensouda.
El Fiscal General, en rueda de prensa, sostuvo que en caso de que la CPI llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia «podremos demostrar fehacientemente que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley».
Explicó que “no se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley”, enfatizó.
En este sentido, Saab manifestó que durante la reunión aportaron detalles de los avances en el sistema judicial del país para sancionar las violaciones a los derechos humanos «señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas violaciones a los Derechos Humanos». dijo.
Explicó que actualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza dos situaciones denominadas Venezuela I y II , en «la llamada Venezuela I, referida a presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados». El estudio de este asunto inició en febrero de 2018, donde se investigan tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado.
Asimismo, anunció que en la denominada Venezuela II, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos “como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los EEUU contra Venezuela, al menos desde el año 2014”. En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país.
Ambas evaluaciones pertenecen a un examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. El funcionario destacó que en esta etapa «procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público«.
Aclaró que «la Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, este tiene un carácter complementario», sino que «sólo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de: El crimen de genocidio; Los crímenes de lesa humanidad; Los crímenes de guerra; y El crimen de agresión».
Por otra parte, en la rueda de prensa intervino también el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien mencionó que durante el encuentro en La Haya se expuso ante la Fiscal de la CPI la situación con el gobierno de España quien «aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio».
Finalmente Ruiz, señaló que en las conversaciones estuvo presente las sanciones en contra de Venezuela por parte del Gobierno de Estado Unidos «le han impedido al Estado la compra alimentos, medicamentos y continuar con tratamientos de suma importancia».
El fiscal Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, realizaron una invitación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que visite el país y pueda conocer de cerca cómo se realizan las investigaciones en el sistema de justicia para sancionar casos individuales de violaciones contra los derechos humanos.
Globovisión
