Santos
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Elecciones en Colombia: sospechas e indicios de un posible fraude

Este viernes 27 de abril, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que, según fuentes de inteligencia, en Venezuela se estaría «preparando unos artículos nuevos de la Constitución para hacer elecciones indirectas, como el modelo cubano». De acuerdo a él, así el país avanzaría hacia «una dictadura soviética con mecanismos sofisticados de control». De más está decir que este tipo de delirios, o premoniciones, ya forman parte del manual de mitomanía de los presidentes que integran el Grupo de Lima.

Sin embargo, en el caso de Santos su denuncia se da un día antes de que la Fundación Paz y Reconciliación hiciese público un informe donde revela que entre el 10% y 20% de los puestos del Senado colombiano están en riesgo de ser comprados a funcionarios electorales. Paradójicamente, uno de los partidos acusados de incurrir en esta práctica es Cambio Radical, propiedad de su ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Por la vía de los hechos, Colombia está verdaderamente cerca de seleccionar de manera indirecta a una parte de sus senadores.

En concreto, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, revelado por Ariel Ávila, integrante de esta organización, sostiene que según una investigación propia en Colombia, habría «una red de funcionarios inescrupulosos, que van desde la Registraturía, ente rector electoral, hasta los jurados de votación, que brindarían servicios de acomodo en el conteo final para los candidatos que quedaron cerca de alcanzar un curul». En criollo: esta presunta red asegura que, si un candidato a senador se encuentra cerca de acceder a una curul, en el pre-conteo y conteo final se maquillen los votos para que así sea.

En resumen, el grueso de la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que:

  1. «A partir de entrevistas y fuentes consultadas la Fundación tendría indicios que se cobrarían hasta 2.500 millones de pesos por colar o meter jurados de votación de un candidato en particular. Sobre el papel los jurados son elegidos aleatoriamente, pero la investigación tendría indicios y versiones de que un porcentaje nacional de los jurados son acomodados para favorecer candidatos. La idea aquí es sumar votos en el pre-conteo que es lo que se informa el día de las elecciones».
  2. «Las mismas fuentes indican que algunos candidatos habrían sido contactados en la etapa preelectoral y electoral para ofrecerles el servicio completo de acomodamiento de votos, toda vez que la diferencia con el último candidato de su partido que alcanzó la curul no superara los 2 mil votos. Por ejemplo, si un candidato, del partido X que alcanzó 18 curules, queda en el puesto 19 con menos de 2 mil votos de diferencia con el último o penúltimo del partido, le ofrecen reacomodar los votos desde el mismo día de las elecciones, colocando los jurados electorales de su gusto y cambiando el número de votos. Aquí, según las versiones e investigaciones de la Fundación, no solo se acomodarían jurados sino que se ofrecería el paquete completo. A esto los políticos le llaman el colchón electoral».
  3. «En los siguientes días a los comicios, estas mismas personas les ofrecerían a los candidatos la compra de registradores ad-hoc y jurados encargados de vigilar el conteo, para asegurarles la curul mediante el cambiazo en los formularios de votación. Los indicios mostrarían que el valor para reacomodar los votos necesarios para una curul en Cámara de Representantes asciende a mil doscientos millones de pesos, mientras que, para Senado, el costo asciende a los mil ochocientos millones de pesos. De ahí para arriba, si el candidato tiene una diferencia de más de 2 mil votos con el último candidato del partido que alcanzó la curul, el costo ascendería a los 2 mil y 3 mil millones de pesos».
  4. «Las mismas fuentes indican que habría una red de abogados que tienen acceso a información privilegiada electoral y esperan a los candidatos en los sitios del conteo. Estos le dicen al candidato que ellos le llevarán el proceso y le ‘buscarán’ los votos que le falta y cobran miles de millones. En otros casos estos abogados previamente contratados por otro político distraen a candidatos para que envíen personas a mesas donde no se está cometiendo el fraude».

Además de estos mecanismos, existen indicios de cambios en la votación una vez que se digitalizan las actas electorales, y también de que lo mismo se hace cuando se trasladan los bolsones electorales debido a la falta de seguridad en todo el proceso, entre otras tantas irregularidades. Para nada nuevas, si se tiene en cuenta que en las últimas elecciones internas de Colombia, se vio en toda su dimensión este tipo de comportamientos. A los cuales se pueden sumar hechos como la directa injerencia por parte de jurados electorales en el proceso de selección de los candidatos, según se puede apreciar en este video.

Según la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los casos que evidencia esta práctica es del «candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Felipe Ríos, número 111 de Cambio Radical, que ha evidenciado un sin número de fraudes que favorecerían a uno de sus propios compañeros de lista, se trata del candidato José Daniel López con el número 11».

Una de las conclusiones a las que llega esta investigación, aparte, es que los partidos más desfavorecidos son los más débiles y pequeños, entre los que ubica al Partido Verde y el Polo Democrático de centroizquierda. Esto toma una especial gravedad dados los ajustados márgenes de diferencia que hay entre los dos principales competidores presidenciales: el uribista Iván Duque y Gustavo Petro, quien posee una estructura partidaria comparativamente más débil.

Por lo que en Colombia, antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, hay un serio riesgo de que, al menos, entre un 10% y 20% de los senadores sean elegidos a través de un deliberado fraude. Después de todo, la democracia colombiana tiene serios antecedentes de darle más voz y voto a quienes pagan para que valgan. Ésta es una especie de declaración de principios en torno a la libertad de elección, ya que mucho depende de la cantidad de dinero que tengas para pagarla.

Esto explica que el apellido de Santos, junto a otros cuatro, sume, al menos, diez presidentes a lo largo de la historia de Colombia, la mitad de los elegidos durante el siglo XX, según el investigador David Racero. Por lo que las prácticas de fraudes y pactos entre los poderosos en el país son recurrentes a lo largo de la historia. Más una norma que una excepción.

Las declaraciones de Santos sobre la supuesta abolición del «sufragio universal en Venezuela» vuelven a poner en vigencia aquel dicho de que no es bueno escupir para arriba, sobre todo con los antecedentes de la familia del actual presidente de Colombia.

Cortesía Mision Verdad

Redacción Lechuguinos