El periodista de derecha Gerardo Reyes, aseguró que EEUU no tiene pruebas contra el diplomático Alex Saab.

Estados Unidos pretende llevar adelante el proceso de extradición del Enviado Especial Alex Saab sin mostrar pruebas que sustente los cargos por presunto lavado de dinero, por lo que no son de extrañar las presiones que actualmente se ejerce sobre Cabo Verde, donde el diplomático ya cumplió 400 días secuestrado.

Es tal la falsedad de los señalamientos, que incluso el periodista colombiano Gerardo Reyes, quien dirige el equipo de investigación del canal Univisión y publicó un libro titulado Alex Saab, señaló en una entrevista para El País de España que el caso que se le sigue al diplomático “no es proporcionalmente sólido frente a la cantidad de cuestionamientos que se han hecho sobre las actividades de Saab”.

Continúa Reyes diciendo que “la razón por la cual digo que no hay una prueba definitiva de que él sea un testaferro es porque la fiscal de Venezuela que lo bautizó así -Luisa Ortega Díaz, actualmente solicitada por la justicia venezolana- no me dio ninguna evidencia contundente que pudiera probar ese mote o ese delito que le estaba atribuyendo ella.”, agregando que producto de sus investigaciones, tampoco puede concluir que el diplomático venezolano sea un “testaferro” del presidente Nicolás Maduro, tal como lo han afirmado –sin pruebas- en la mediática internacional.

Asimismo, Reyes reconoció Alex Saab permanece secuestrado en Cabo Verde dado que “Estados Unidos en estos casos juega a ser paciente, laborioso, y quiere que todo el proceso oficial en Cabo Verde se cumpla. Eso oficialmente. Pero mientras tanto está ejerciendo presiones muy fuertes, como por ejemplo amenazar a Saab con acusar también a su hijo mayor.”.

De fiscal a prófuga

Mención aparte merece la referencia de Gerardo Reyes a la ex Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, actualmente prófuga de la justicia venezolana, y en cuyas afirmaciones se basó Reyes para señalar al diplomático Alex Saab como presunto “testaferro” del presidente venezolano, lo cual le valió en 2017 una demanda por difamación.

Reyes prefiere pasar por alto el hecho de que Estados Unidos actualmente investiga a Ortega Díaz, por presuntamente recibir sobornos con el fin de desestimar un caso de corrupción, utilizando el sistema financiero estadounidense para ello.

Según reseñó El Nuevo Herald de Miami, un contratista de Pdvsa habría pagado a Ortega para engavetar un caso de corrupción contra sus empresas. Según el medio de comunicación se trata de una transferencia bancaria de aproximadamente USD$ 100.000. Se trata del juicio en Estados Unidos contra el venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín, quien es acusado de lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno.

Llama la atención que el periodista colombiano tampoco se refiera al éxito de Alex Saab como empresario, lo que le valió una invitación del propio presidente Juan Manuel Santos a Venezuela como representante de una empresa para celebrar acuerdos bilaterales entre Venezuela y Colombia.

Claramente el embajador Alex Saab está siendo víctima de una forma de Lawfare, que no es sino la instrumentalización de la ley a través de los medios de comunicación para adelantar condenas judiciales, como ha ocurrido en Argentina, Brasil y Ecuador con los casos de Lula Da Silva, Kristina Kirchner y Rafael Correa, respectivamente.

Sin pruebas

Acerca de lo insostenible de las acusaciones de EEUU contra el embajador Alex Saab, también se ha pronunciado el reconocido abogado Daniel Fridman, exfiscal de Estados Unidos y asesor de uno de los bufetes más respetados de ese país.

A juicio de Daniel Fridman, el único elemento de los cargos de conspiración presentados contra Alex Saab es insuficiente para que Estados Unidos tenga jurisdicción contra el diplomático venezolano.

Según el jurista, que denuncia casos de jurisprudencia que involucran a tribunales estadounidenses que sustentan sus argumentos, para condenar al imputado, EEUU debe demostrar “que hubo un acuerdo ilegal entre dos o más personas para cometer blanqueo de capitales, y que el Sr. Saab se convirtió consciente e intencionalmente en un miembro de la conspiración (…) consciente de sus objetivos y propósitos ilegales”.

Aquí, el jurisconsulto considera que no existen pruebas que apunten en la dirección descrita y que la acusación “es sumamente débil e insuficiente”, agregando por otra parte que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre Alex Saab.

Caso de mala fe

Es por ello que Fridman considera que el proceso de extradición de Alex Saab a los Estados Unidos está profundamente herido de mala fe, porque la promesa del gobierno de Washington de mantener uno de los cargos no se puede cumplir, lo que significa que se podrían imputar nuevos cargos en su contra. Cargos graves que eventualmente conducen a la pena de muerte, si Cabo Verde insiste en cumplir con la solicitud de los estadounidenses.

En una nota diplomática enviada del 8 de septiembre de 2020, EEUU prometió al Gobierno de Cabo Verde llevar a Alex Saab a la corte por un solo cargo de lavado de dinero (punible con 20 años de prisión), dejando los seis restantes (el total le daría más de 160 años de prisión). Al respecto, Fridman citó una decena de casos en los que la nación norteamericana no ha cumplido sus promesas.

Argumenta Fridman que “el supuesto compromiso de los Estados Unidos de América con Cabo Verde no protege plenamente los derechos del señor Saab, a menos que sea ratificado por un tribunal estadounidense”, por lo cual lo prometido en dicha nota diplomática “no es y no debe considerarse suficiente para garantizar que [el gobierno de los Estados Unidos] tenga prohibido agregar cargos contra el Sr. Saab después de su extradición», señala.

El hecho de que no exista un Acuerdo de Extradición entre los dos países es otro argumento esgrimido por Daniel Fridman para que Cabo Verde no acepte la oferta y rechace la extradición del diplomático venezolano a Estados Unidos, ante la ausencia de un compromiso bilateral claro” y hace que Cabo Verde no pueda impugnar el incumplimiento de estas garantías”.