La Fiscalía de Bolivia urge que se aplique la pena máxima de 14 años contra, Jeanine Áñez, por nexos con golpe de Estado y otros crímenes.

“El Ministerio Público demanda la sentencia de culpabilidad y que se aplique la pena máxima [para Jeanine Áñez]”, ha manifestado este jueves el fiscal boliviano Omar Mejillones ante el caso de la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, quien cumple un año en prisión preventiva por su participación en el golpe de Estado de 2019 y acusaciones de delitos de genocidio en el país sudamericano.

En declaraciones ofrecidas en una sesión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz (capital), el fiscal ha hecho hincapié en que Áñez incumplió sus deberes al haber actuado premeditadamente en contra del reglamento de la Cámara de Senadores para así asumir la presidencia de esta instancia, dada su condición de miembro de la oposición.

Asimismo, el funcionario ha dejado claro que la misma pena debería ser aplicada a los exjefes militares y el excomandante policial, acusados en el mismo juicio ordinario.

A su vez, la abogada del presidente del Senado ha explicado que “en cumplimiento de la norma, se dicte sentencia declarando a los acusados culpables de los delitos 153 y 154 del Código Penal y se les imponga la pena máxima”, de hecho, de acuerdo con el Código Penal vigente, la pena por dicho delito es de hasta 14 años.

Es más, la abogada, quien no fue identificada, ha insistido en que Áñez asumió el cargo en la crisis que siguió a la renuncia forzada del expresidente del país Evo Morales en noviembre de 2019, “en pleno conocimiento de las normas necesarias” y en supuesta complicidad con los excomandantes sin haber informado formalmente al Parlamento las renuncias de Morales y su vicepresidente Álvaro García.

Áñez, por su parte, ha anunciado la misma jornada que ratificará su declaración de inocencia y defenderá la legalidad de su “gestión como presidenta transitoria de Bolivia por sucesión constitucional”.

La expresidenta interina de Bolivia seguirá en prisión preventiva al menos hasta fines de mayo, según una decisión judicial del 21 de febrero.