La Sala constitucional de la Corte Suprema de El Salvador ordenó reabrir la investigación por la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrida en 1989, y por el que fueron acusados militares como autores de los hechos y donde está involucrado el para entonces diplomático venezolano y actual palangrista de la derecha Leopoldo Castillo.

La decisión del máximo tribunal de El Salvador deja sin efecto la orden de la Sala de los Penal de la Corte Suprema, en 2020, que dictó un sobreseimiento a los militares implicados en este dantesco caso.

En su resolución, la Sala afirma que la Sala de lo Penal vulneró derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad al cerrar el juicio y agrega que se violentó el derecho a la verdad a la víctimas, sus familiares y a la sociedad en general.

Según el escrito, la decisión de septiembre pasado “devino en una obstaculización a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general del acceso al órgano jurisdiccional para que este se pronunciara sobre su pretensión y, por ello, no han sido posibles la justicia ni la posterior reparación integral».

Sostuvo que la masacre de los jesuitas, ocurrida en el marco de la guerra civil que vivió la nación centroamericana (1980-1992), es un crimen “de lesa humanidad”, el cual es «imprescriptible».

Los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por elementos del ahora proscrito batallón Atlácatl en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

Un tribunal de San Salvador juzgó en 1991 a nueve militares, como autores materiales, sin embargo, no actuó sobre los autores intelectuales que, según organismos humanitarios, serían militares de alto rango de la época.