La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avocó al conocimiento del expediente de cinco militares acusados de planear un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se avocó al conocimiento del expediente de cinco militares acusados de planear un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según sentencia 098 redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, los magistrados anularon una sentencia de la Corte Marcial por carecer de motivación al responder las denuncias interpuestas por los abogados del grupo de acusados relacionadas con una “insuficiencia probatoria” presentada desde el Ministerio Público durante el juicio.

“La necesidad de motivar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico”, señalaron los magistrados.

Los procesados

  • Teniente coronel Ygbert José Marín Chaparro (1° comando del 312 Grupo de Caballería Motorizada “G/B Juan Pablo Ayala”)
  • Teniente coronel Juan Carlos Peña Palmentieri
  • Teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero (1° comandante del 413 Batallón Blindado “G/D Pedro León Torres”)
  • Teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez (1° comandante del 913 Grupo de Caballería Blindada e Hipomóvil “G/J José Laurencio Silva”).

El proceso

Fueron capturados en marzo de 2018 luego que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digecim) descubriera su relación con el denominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo.

El grupo iba a difundir un video donde se pronunciaban contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La investigación determinó su vinculación con el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Miguel Rodríguez Torres, actualmente preso por presunta instigación.

El Juzgado Militar 1° de Juicio condenó a los cinco oficiales a cumplir 7 años y seis meses de prisión tras encontrarlos culpables del delito de instigación a la rebelión, según sentencia del 16 de diciembre de 2020.

Hace tres semanas la Sala Penal solicitó el expediente para revisión y encontró violaciones al debido proceso y garantías constitucionales.

Se ordenó que una nueva Corte Marcial revise las denuncias de los militares y emita un pronunciamiento.